Patricia Espinosa/SSI

Trabajadores Unidos de la Zona Arqueológica de Palenque denunciaron que las autoridades federales pretenden removerlos de los lugares donde comercializan sus productos.

Manifestaron que no aceptarán la reubicación de sus espacios de trabajo y exigieron la mejora de sus condiciones laborales y la adecuación de dichos espacios.

“Estamos abiertos al diálogo público, abierto, justo, para atender y privilegiar nuestra voz, nuestras propuestas, porque somos oriundos y esta tierra nos pertenece. Un diálogo donde el Estado acepte y repare las violaciones sistemáticas que hemos vivido durante décadas”.

Artesanos, comerciantes, vendedoras de alimentos y bebidas, en su mayoría mujeres cabeza de familia serán removidos de su área de trabajo.

Expresaron que funcionarios de las oficinas centrales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Fonatur y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales protegidas les han cerrado las puertas al dialogo.

“Es frecuente la apertura de un monólogo a partir de marcos deterministas que ignoran nuestro sentimiento y formas de vida, un discurso devenido de personas que desconocen la historia del territorio. Desde el Estado violan leyes en materia de género, de cultura, de economía, de medio ambiente y de patrimonio cultural”.

En el 2020, el año de la pandemia y el cierre de la zona arqueológica, la mayoría quedaron desprotegidos pues no cuentan con prestaciones sociales y nadie los ayudó para sobrevivir.

“Es necesaria la regulación de los espacios comerciales que ocupamos, pero con respeto a nuestra historia y propuestas. El proyecto económico que se pretende imponer, no puede afectar el sustento de las familias y debe existir empatía por nuestra historia, nuestro territorio, por la inclusión social”.

Comentaron que primero deben reordenar al interior con el tema de robo a turistas, violencia de género, falta de estacionamiento, falta de sanitarios, problemas para el recorrido turístico fluido y educativo, problemas de salubridad, falta de espacios para la atención médica, falta de asistencia social-laboral, afectaciones medioambientales, corrupción entre los investigadores y conservadores del sitio.