A través de varias denuncias, pobladores de Altamirano exigieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas, aplicar la ley contra los grupos que mantienen al municipio en un estado de violencia y zozobra.

El conflicto en Altamirano ha dejado 34 personas retenidas y una menor herida, sin que hasta el momento autoridades de la Fiscalía General del Estado actúen contra los delincuentes y detengan a los líderes caciquiles que generan el caos en ese lugar.

Según habitantes de Altamirano, pese a diálogos que las autoridades han sostenido con los dos grupos, “los líderes no buscan acuerdos, porque el verdadero móvil es controlar la administración municipal para enriquecerse, por eso exigimos ya no más diálogo, sino la aplicación de la justicia”, precisó Isidro González, poblador de este municipio.

Explicaron que, desde hace nueve años, la familia Pinto Kanter mantuvo el poder político, económico y territorial hasta que Gabriela Roque Tipacamú, esposa de Roberto Pinto, quien pretendía perpetuar a la familia en el poder, fuera presionada para renunciar tras el secuestro de su esposo, el pasado 15 de septiembre.

Señalaron que la familia Pinto Kanter es apoyada por la Alianza de Organizaciones Sociales y Sindicatos de Izquierda (ASI) que mantienen retenidas a 34 personas en el ejido Candelaria.

Esta organización es encabezada por el alcalde de Margaritas, Bladimir Hernández Álvarez, quien busca recobrar el poder y el control del municipio para “los Pinto”.

El otro grupo, apoya al actual Concejo Municipal, integrado por la presidenta María García López, el síndico Fernando Gabriel Montoya Oseguera, quien fuera candidato a la alcaldía y aunque perdió, lo hicieron parte integrante del Concejo.

En años pasados, Gabriel Montoya Oseguera, fue encarcelado por el secuestro de la ambientalista Julia Carabias Lillo, pero lo dejaron libre con la promesa de que se fuera de Chiapas, lo cual no ocurrió.

Hace unos días, se registró un enfrentamiento entre los dos bandos y en el fuego cruzado hirieron a una menor que viajaba en un transporte público junto con su madre, la cual regresaba a su centro escolar donde es maestra.

Los pobladores reiteraron el llamado a la fiscalía: “ya no más diálogo, de una vez por todas aplique la ley. Pedimos que también intervenga la Guardia Nacional para que ponga orden en el municipio y dejemos de ser rehenes de los dos grupos”.