Acusan patrones de persecución y negación sistemática de derechos en el contexto migratorio en México Organizaciones de la sociedad civil, colectivos y personas defensoras de derechos humanos manifestaron su preocupación ante lo que consideran un patrón de criminalización creciente contra quienes defienden y acompañan a personas migrantes en México, particularmente en el contexto de políticas migratorias cada vez más restrictivas a nivel global.

El pronunciamiento surge tras la detención del activista Luis García Villagrán, ocurrida el pasado 5 de agosto en Tapachula, Chiapas, y su posterior traslado a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con los firmantes, este hecho se inscribe en un entorno de tensión creciente y negación sistemática de derechos a las personas migrantes, lo que agrava la situación de vulnerabilidad tanto para los migrantes como para quienes les brindan acompañamiento y defensa legal.

En el posicionamiento, las organizaciones recordaron que organismos internacionales como la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, así como la Relatoría Especial sobre los derechos humanos de los migrantes y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han advertido que los ataques contra personas defensoras no sólo violentan sus derechos fundamentales, sino que también debilitan las garantías de protección para las poblaciones a las que asisten.

Asimismo, señalaron como preocupantes las declaraciones emitidas durante la conferencia presidencial de este martes, las cuales, afirmaron, vulneran el principio de presunción de inocencia. Por ello, exigieron que se garantice el debido proceso y la integridad de Luis García Villagrán, quien desde 2019 es beneficiario del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, debido a los riesgos que enfrenta por su labor.

Las organizaciones reiteraron que el trabajo de defensa de derechos humanos no debe ser criminalizado, y pidieron al Estado mexicano adoptar medidas urgentes para proteger a quienes acompañan a las personas migrantes en condiciones de extrema vulnerabilidad.