Llama presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Gilberto Bátiz a analizar con responsabilidad la Reforma Electoral


 La Reforma Electoral debe concebirse como una responsabilidad de Estado orientada a fortalecer la cultura cívica, garantizar la certeza de los procesos democráticos y asegurar que cada voto se cuente y se cuente bien, afirmó Gilberto Bátiz García, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Durante su visita a Chiapas, en el marco de la firma de un convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de Chiapas y la Escuela Judicial Electoral, Bátiz García destacó que la formación jurídica y la profesionalización en materia electoral son pilares del sistema democrático mexicano

. El magistrado subrayó que la Escuela Judicial Electoral es uno de los baluartes de la democracia en el país, al contribuir a la consolidación de una cultura cívica que permita a la ciudadanía, partidos políticos y actores públicos asumir con normalidad los procesos electorales.

En ese sentido, consideró indispensable que las instituciones educativas y electorales trabajen de manera coordinada para socializar el derecho electoral y su utilidad práctica en la vida pública. Respecto a la Reforma Electoral anunciada por el Ejecutivo federal, Bátiz García señaló que, hasta el momento, no existe una iniciativa formal presentada ante el Congreso de la Unión, por lo que llamó a evitar especulaciones.

Explicó que se trata de una reforma de gran calado que deberá conciliar intereses e ideales, y cuya discusión corresponderá exclusivamente al Poder Legislativo. “El papel del Tribunal Electoral es técnico y normativo. A nosotros nos corresponde operar con el marco legal que se apruebe y garantizar elecciones íntegras”, puntualizó.

Añadió que la legislación electoral establece plazos constitucionales que deben respetarse, particularmente los 90 días previos al inicio de un proceso electoral, lo que vuelve clave el debate legislativo que se abrirá en el próximo periodo ordinario.

Sobre los mecanismos de impugnación ante una eventual reforma, explicó que, una vez aprobada por las mayorías constitucionales, existen vías legales para que las minorías puedan recurrirle, siempre que existan causas jurídicas fundadas.

No obstante, insistió en que cualquier análisis debe hacerse hasta conocer el contenido final de la iniciativa.

Finalmente, al referirse a la garantía de los derechos político-electorales de las mujeres, recordó que Chiapas ha vivido procesos complejos que dejaron aprendizajes importantes para los partidos políticos, los cuales han ido ajustando sus prácticas conforme a las determinaciones jurisdiccionales.

Resaltó la relevancia de la colaboración académica para fortalecer la capacitación de funcionarios y actores políticos, con el objetivo de consolidar una democracia más informada y responsable.