El activista y defensor de los derechos de migrantes, Luis García Villagrán, denunció que continúa siendo objeto de persecución política y criminalización, tras su detención y reciente liberación.

Aseguró que las acusaciones en su contra carecen de sustento legal, detalló que el fiscal presentó 75 pruebas, pero lo que entregaron fueron medios de prueba que no acreditan tiempo, modo y lugar; así lo estableció el juez.

El activista afirmó que la FGR y elementos federales intervinieron sus teléfonos y redes sociales durante un año sin encontrar elementos incriminatorios.

También recordó que desde 2020 cuenta con medidas de protección del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, tras un atentado ocurrido en octubre de 2023, que le dejó lesiones graves.

El defensor responsabilizó directamente a las autoridades de migración de fabricar las acusaciones en su contra como represalia por las denuncias que ha presentado.

Según Villagrán, el juez que revisó su caso determinó que desde hace nueve años es representante de una asociación civil legalmente constituida y dedicada a la defensa de migrantes.