La CNDH dirigió la recomendación 70/2020 a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, por la detención y privación de la libertad al médico Gerardo Vicente Grajales Yuca quien atendía a pacientes con Covid-19 en Tuxtla Gutiérrez.

Fue acusado de abuso de autoridad, lo cual, a consideración de su esposa, era injusto y transgredía sus derechos humanos, por lo que, al trascender el caso a la opinión pública nacional, este Organismo Constitucional ejerció la facultad de atracción para efectuar la investigación correspondiente.

La CNDH contó con elementos que permitieron evidenciar violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la libertad personal y al honor en agravio de la víctima.

Se advirtió que, sin contar con los elementos de prueba que determinaran la probable responsabilidad de la víctima en el delito de abuso de autoridad, personal de la FGE-Chiapas transgredió su derecho a la libertad, al haber solicitado orden de aprehensión y medida cautelar de prisión preventiva injustificadamente, lo cual fue considerado por este organismo nacional como una medida excesiva, ya que previo a su solicitud debieron agotarse la aplicación de otras medidas cautelares y solicitarla sólo en caso de que éstas no fueran suficientes.

Aunado a ello, se transgredieron los derechos al honor y a la dignidad, ya que, al exponerlo mediáticamente, se afectó su vida privada y se le estigmatizó socialmente.

Por lo anterior, la CNDH a la Fiscalía de Chiapas se localice a la víctima, a la parte quejosa y demás familiares y, en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Chiapas, se les brinde la reparación integral por los daños causados, que incluya la compensación justa y suficiente con motivo de las violaciones a derechos humanos evidenciadas, en los términos que dicta la Ley General de Víctimas y de la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas, y se les inscriba en el Registro Estatal de Víctimas; que se les otorgue la atención médica y psicológica necesarias; y se colabore con esta Comisión Nacional en la integración de la carpeta de investigación que se inicie con motivo de la denuncia de hechos que la CNDH formule ante la FGE-Chiapas.

Asimismo, se pide que la Fiscalía General del Estado de Chiapas colabore con ese Organismo Nacional en la queja que se presente en contra de los servidores públicos responsables y se diseñe e imparta un curso integral dirigido a los agentes del Ministerio Público de la FGE-Chiapas, en particular a los adscritos en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, relacionado con la capacitación y formación en materia de derechos humanos, con la adecuada integración de carpetas de investigación, el cual deberá ser efectivo para prevenir hechos similares a los del presente caso.