Pequeños propietarios rurales desplazados de la zona de conflicto en Chiapas desde 1994 exigieron nuevamente justicia y solución definitiva a su situación, luego de más de tres décadas sin poder regresar a sus tierras ni recibir una indemnización por las pérdidas sufridas.

Frente al Tribunal Colegiado, representantes de los afectados informaron que mantienen un proceso jurídico de amparo mediante el cual buscan que el Estado mexicano reconozca plenamente su condición de desplazados y garantice la restitución de sus propiedades o una indemnización justa.

Raymundo Augusto García Álvarez, del municipio de Ocosingo y representante de los pequeños propietarios, señaló que desde hace 32 años cientos de familias fueron despojadas de sus tierras ubicadas principalmente en la región que abarca Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano.

“Más de la mitad de los compañeros ya fallecieron esperando justicia. No sabemos cuántos muertos más tendremos que aportar para que el gobierno nos escuche”, expresó.

El desplazamiento ocurrió tras el levantamiento armado de 1994, cuando grupos armados ocuparon diversos predios productivos.

En total, aseguran que fueron despojadas alrededor de 42 mil hectáreas, donde anteriormente se desarrollaban actividades agrícolas y ganaderas.

Explicó que la región producía ganado, maíz, café y otros productos básicos que contribuían a la economía local y nacional. Incluso, señaló que anualmente se comercializaban alrededor de 60 mil cabezas de ganado hacia distintos estados del país.

Hoy, gran parte de esas tierras se encuentran abandonadas o con baja producción. Indicó que los 448 pequeños propietarios fueron directamente afectados, lo que representa a más de 4 mil personas, considerando a hijos y nietos de los propietarios originales.

En el ámbito legal, un juez federal reconoció en noviembre de 2023 su condición de desplazados, ordenando la instalación de mesas de negociación entre autoridades y afectados. Sin embargo, hasta ahora no se han concretado avances sustanciales.