Al menos 15 familias originarias del Ejido Puebla, en el municipio de Chenalhó, pidieron a las autoridades resolver su situación y garantizar condiciones de seguridad para regresar.

El grupo, integrado por alrededor de 70 personas, vive en un campamento provisional en San Cristóbal de Las Casas desde el 26 de mayo de 2016. Aracely Cruz López, vocera de las familias, afirmó que no pueden regresar por temor a sufrir nuevas agresiones.

Recordó que su padre fue asesinado y que su madre y su hermano también fueron atacados. Según expuso, hay tres órdenes de aprehensión pendientes de ejecutarse y carpetas de investigación sin concluir.

Solicitó una audiencia con el secretario de Gobierno para conocer los avances del caso y obtener una respuesta.

También expresó preocupación por versiones que, aseguró, apuntan a una posible liberación de Javier Gómez Gutiérrez, sentenciado a 25 años de prisión por el asesinato de su padre. Pidió que se cumpla la sentencia dictada por un juez.

Las familias viven en condiciones precarias y que enfrentan carencias de alimentos, atención médica y educación. Afirmó que los apoyos alimentarios actuales no alcanzan para todos y que niñas y niños no cuentan con maestros.

Sobre sus viviendas y terrenos, dijo que han recibido reportes de saqueos y de que algunas tierras podrían estar siendo ocupadas, aunque el grupo no ha podido verificarlo directamente. “Lo que queremos es vivir dignamente con nuestras familias”, expresó la vocera, quien pidió que las autoridades atiendan también las necesidades de las personas desplazadas mientras se resuelve su situación.