Representantes de más de 40 rutas del transporte colectivo y organizaciones de taxistas solicitaron a las autoridades estatales intervenir en la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), al asegurar que persisten presuntos actos de corrupción, el crecimiento del transporte irregular y la falta de aplicación de la ley contra plataformas digitales y unidades sin concesión.

Reconocieron las acciones en el combate a la corrupción, particularmente las recientes detenciones de exfuncionarios públicos; sin embargo, pidieron que también se investigue lo que, afirman, ocurre al interior de la dependencia encargada del transporte.

Luz Macrina López Bernal, representante señaló que en la actual administración se han otorgado permisos provisionales para que colectivos operen con placas particulares, además de registrarse invasiones de rutas y un incremento de unidades irregulares.

“Señor gobernador, volteé a ver lo que está sucediendo en la Secretaría de Movilidad y Transporte. Está plagada de corrupción”, expresó.

Aseguró que las anomalías se presentan en diversas rutas, entre ellas la 30, 50, 54, 61, 67, 108 y 114, donde estiman que circulan entre 10 y 20 unidades presuntamente irregulares por cada ruta.

Indicó que, aunque han denunciado estos casos y reportado las unidades, los operativos realizados por la autoridad son insuficientes, pues las unidades aseguradas vuelven a circular al día siguiente. Por su parte, Jorge Omar Vázquez Martínez, representante parcial de la Ruta 108 e integrante de las rutas organizadas y taxistas, afirmó que desde hace un año no se ha aplicado el decreto que regula a las plataformas digitales de transporte.

Sostuvo que actualmente circulan más de 15 mil vehículos particulares prestando servicio mediante aplicaciones, lo que, dijo, representa una competencia desleal para los concesionarios.

“Para nosotros son unidades piratas, aunque trabajen mediante una plataforma tecnológica”, afirmó.

Denunció la proliferación de mototaxis en distintos municipios, particularmente en Chiapa de Corzo, cuyos vehículos, aseguraron, ya operan en zonas de Tuxtla Gutiérrez invadiendo rutas establecidas.

Los transportistas coincidieron en que hay presunta responsabilidad de servidores públicos adscritos a la Secretaría de Movilidad y Transporte, aunque reconocieron que corresponde a las autoridades investigar los hechos. Ya presentaron denuncias ante las instancias competentes, incluida la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, acompañadas de documentos, fotografías y videos como evidencia.

Actualmente el pago anual de refrendo oscila entre 4 mil 500 y 5 mil pesos por unidad, mientras que el año pasado realizaron pagos cercanos a los 8 mil 500 pesos debido al proceso de emplacamiento.

Más del 50 por ciento de los taxis concesionados permanecen sin operar debido a la falta de rentabilidad frente al crecimiento del transporte mediante aplicaciones y unidades irregulares.