Familiares, representantes de la Iglesia católica y defensores de derechos humanos denunciaron la detención arbitraria, presunta tortura, desaparición temporal y criminalización de cinco personas originarias del municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, quienes permanecen privadas de la libertad por delitos que aseguran no cometieron.

Los hechos ocurrieron el 22 de enero, cuando Orbey Juárez Juárez fue detenido mientras se dirigía a realizar un trabajo de electricidad junto con él fueron aprehendidas otras cuatro personas.

De acuerdo con los testimonios, las detenciones se realizaron con uso excesivo de la fuerza, golpes y sin que se informara a las familias sobre su paradero durante varios días.

Juan Pablo Juárez Juárez, hermano de uno de los detenidos, relató que durante cinco días las autoridades proporcionaron información contradictoria sobre el lugar donde se encontraban, hasta que finalmente se supo que habían sido trasladados a San Cristóbal de las Casas.

Familiares de José Julián López Juárez, Orlando de Jesús López Gómez, Juan Diego López Juárez y Fermín López Juárez coincidieron en que los detenidos son personas conocidas en sus comunidades, con cargos religiosos o trabajos comunitarios, y señalaron que incluso habitantes de Estoraque firmaron documentos en los que respaldan su inocencia.

El caso se encuentra dividido en dos causas penales, relacionados con distintos delitos, entre ellos homicidio calificado. Sin embargo, representantes de la Iglesia advirtieron inconsistencias graves en la actuación de la Fiscalía, al señalar que existen acusaciones por hechos ocurridos en fechas y lugares distintos, atribuidos a las mismas personas.

El párroco Fray David Paul Paredes, de la diócesis de Tuxtla Gutiérrez, afirmó que los detenidos son miembros activos de las comunidades cristianas, catequistas y ministros, y que existen pruebas de que al menos uno de ellos se encontraba en otro poblado el día en que se le acusa de un delito.

“Por su parte, el sacerdote Gilberto Hernández García, responsable de la Pastoral Social, indicó que el caso es acompañado desde una perspectiva de derechos humanos, subrayando la necesidad de respetar la presunción de inocencia y evitar la fabricación de culpables.

“No se puede construir paz a costa de detenciones arbitrarias”, señaló. El abogado Alberto González Moreno, anunció que se dará seguimiento jurídico al caso, al advertir que este tipo de situaciones forman parte de un patrón de criminalización documentado en comunidades indígenas de Chiapas.