El Grupo de Litigantes para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos (PRODEDH) denunció un patrón de criminalización y presuntas violaciones graves a derechos humanos en contra de servidores de la Iglesia católica en Chiapas, particularmente en el caso de la detención de Orbey Juárez Juárez y José Julián López Juárez.

En un comunicado señala que los hechos ocurridos el pasado 22 de enero en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán no pueden analizarse de forma aislada, ya que se inscriben en un contexto de persecución contra personas vinculadas a la Diócesis de Tuxtla Gutiérrez.

PRODEDH sostiene, con base en el testimonio de la familia, que la detención de Orbey Juárez se realizó mediante un operativo armado, sin orden judicial visible, con uso excesivo de la fuerza, golpes, incomunicación y una posterior construcción de una narrativa ministerial que incluiría la presunta siembra de pruebas.

De acreditarse estos hechos, advierte, se configurarían violaciones a derechos fundamentales como la libertad personal, la integridad física, el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la verdad y la seguridad jurídica.

El pronunciamiento señala como especialmente alarmante la actuación de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, a la que acusa de haber difundido información oficial que vincula a los detenidos con hechos distintos, fechas y víctimas diferentes, lo que —afirma— evidencia inconsistencias graves, vulnera el derecho a la defensa adecuada y genera estigmatización pública.

Tanto la familia como instancias eclesiásticas sostienen que los detenidos son personas de fe, con arraigo comunitario, servidores activos de su parroquia y reconocidos por su labor pastoral.

Ambos pronunciamientos coinciden en advertir un patrón de fabricación de culpables y persecución injustificada.

Ante este escenario, PRODEDH exige la revisión inmediata, exhaustiva e imparcial del proceso penal; el cese de la criminalización contra servidores religiosos en Chiapas; la investigación independiente de las denuncias de tortura y posibles irregularidades ministeriales; y la libertad inmediata de Orbey Juárez Juárez y José Julián López Juárez, al considerar que existen violaciones graves al debido proceso y a sus derechos fundamentales.

“El Estado tiene la obligación de garantizar derechos, no de vulnerarlos”, subraya el documento, al tiempo que advierte que la criminalización de líderes religiosos no solo afecta a las personas imputadas, sino también al derecho colectivo de las comunidades a organizarse, ejercer su fe y participar en la vida social sin temor a represalias. PRODEDH anunció que se mantendrá en observancia permanente del caso hasta que se restituya la libertad y prevalezca la verdad.