La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el uso excesivo de la fuerza en contra de personas que integraban caravanas de migrantes que tuvieron durante agosto y septiembre, en el estado de Chiapas, México.

Urgió al Estado a investigar de oficio y con la debida diligencia los hechos de violencia contra esta población, sancionar a los agentes estatales que resulten responsables, y reparar integralmente a las víctimas de estas violaciones a derechos humanos.

La Comisión observa que entre el 28 de agosto y el 5 de septiembre se formaron al menos cuatro movimientos migratorios mixtos —también conocidos como "caravanas de migrantes"— en los cuales se desplazaban mujeres y otros grupos en especial situación de vulnerabilidad como niñas, niños y adolescentes, personas embarazadas y afrodescendientes con necesidades de protección internacional

La formación de dichos movimientos derivaría de las demoras prolongadas en la resolución de los procedimientos de asilo o de protección, así como de la falta de acceso a servicios estatales y al ejercicio de otros derechos humanos en los estados del Sur de México.

La CIDH nota que, de acuerdo con la normativa vigente, las personas que solicitan asilo o protección deben esperar la resolución de sus procedimientos en la entidad federativa en que presentaron su solicitud.

Como consecuencia de ello, organizaciones de la sociedad civil señalaron que ante la falta de oportunidades de integración en dicha región, se habría agudizado la situación de vulnerabilidad de las personas en movilidad.

Diversos videos publicados en redes sociales dan cuenta que a fin de impedir su paso hacia la frontera Norte del país, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional, en contravención de los estándares interamericanos en la materia, utilizaron la fuerza en los operativos de control migratorio contra de las personas que integraban los movimientos migratorios mixtos.

Asimismo, estas autoridades habrían realizado detenciones en contra de población en movilidad. Según información recibida, en dichos operativos participaron también elementos del Ejército y de los Grupos Beta —grupos de protección a migrantes creados a fin de proveer protección a esta población.

En particular, sobre el uso excesivo de la fuerza, la CIDH recibió información sobre enfrentamientos que culminaron en agresiones y golpes en contra de la población en movilidad.

Con base en los videos publicados, se advierte que las autoridades estatales y las fuerzas de seguridad del Estado utilizaron escudos y toletes de seguridad para golpear en la cabeza y otras partes del cuerpo a las personas que se desplazaban, sin que estas tuvieran la posibilidad de defenderse. Asimismo, observa con preocupación que dichas agresiones se habrían cometido en contra de familias y de personas adultas acompañadas de niñas, niños y adolescentes.

Adicionalmente, según información oficial, el INM habría iniciado investigaciones en contra de dos agentes federales a quienes se aplicaron las sanciones establecidas en la Ley de Migración.

En cuanto a las detenciones, la CIDH fue informada que estas se llevaron a cabo con excesivo uso de la fuerza, e incluyeron a familias enteras, y a niñas, niños y adolescentes. Al respecto, organizaciones señalaron que documentaron casos de personas que luego de ser detenidas fueron expulsadas hacia Guatemala.

En este sentido, preocupa los reportes de organizaciones de sociedad civil sobre el alegado uso de aparatos para dar toques eléctricos a personas detenidas, presuntamente con el fin de obligar a abordar autobuses, previo a expulsarlas del país.