La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 50/2020 al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Francisco Alfonso Durazo Montaño, y al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, por las agresiones que personal de ambas instituciones infligieron a integrantes de la Caravana Migrante que ingresó a territorio nacional en enero del presente año.

Los días 20 y 23 de enero de 2020, personas migrantes que intentaban ingresar a México por los municipios de Suchiate y Frontera Hidalgo en #Chiapas, fueron agredidas con piedras, toletes y escudos por elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional (GN) a fin impedir su avance, siendo detenidos y trasladados a una estación migratoria.

La investigación de la CNDH permitió contar con elementos para acreditar violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, integridad personal, trato digno, así como al interés superior de la niñez y de la adolescencia, atribuibles a elementos de ambas dependencias.

Al permitir que elementos de la Guardia Nacional efectuaran funciones de revisión migratoria y detención de personas en contexto de movilidad, el INM vulneró los derechos a la legalidad y seguridad jurídica de las víctimas; además de que el empleo arbitrario o desproporcional de la fuerza significó una violación al derecho a la legalidad e integridad personal.

Asimismo, dichas autoridades omitieron salvaguardar el interés superior de niñas, niños y adolescentes que se encontraban entre la población migrante.

Por ello, la CNDH solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, proceda a la reparación integral del daño causado a las víctimas, incluyendo una compensación justa y suficiente; inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas y otorgarles atención médica y psicológica.

Al INM se le solicita realizar las gestiones necesarias para localizar a las víctimas, a efecto de otorgarles atención médica y psicológica, incluyendo, en su caso, la provisión de medicamentos; inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas; colaborar en el seguimiento de la queja que por lo ocurrido se formule ante el Órgano Interno de Control en ese Instituto, además de impartir al personal comisionado en Chiapas un curso en materia de derechos humanos con énfasis en el derecho a la seguridad jurídica que debe regir en las revisiones migratorias.