En Chiapas no se garantizan las condiciones de vida básicas que impidan que enfermedades prevenibles y tratables resulten mortales; la entidad tiene la tasa de mortalidad más alta del país en menores de 5 años, la diarrea y neumonía se encuentran dentro de las tres primeras causas de muerte de niñas y niños hasta 12 años de acuerdo a datos del INEGI.

De acuerdo a la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS) otra situación que obstaculiza la supervivencia de niñas, niños y adolescentes actualmente es la violencia imperante en la entidad.

Fenómenos como la violencia armada y el crecimiento del crimen organizado en la región, ocasionan eventos de desplazamientos forzados y ataques armados que acaban con la vida de niñas, niños y adolescentes.

“Dicha situación es de tal magnitud que, si guardáramos un minuto de silencio por cada niña, niño y adolescente víctima de asesinato del 2015 a lo que va del 2022, tendríamos que callar durante 3.5 horas.

Si a dicha cifra le añadimos los datos de homicidios culposos, llegaríamos a un total de 6.7 horas”.

En términos de protección manifestó la organización, que le preocupa el desmantelamiento de los programas de atención dirigidos a la primera infancia y a sus cuidadoras como las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, entre otros.

Ello implica un retroceso en términos de política pública en materia de derechos de la niñez. Por otro lado, las brechas en el acceso a la educación que se agravaron durante la pandemia por Covid-19 han supuesto una importante disminución de población que asiste a la escuela y un aumento en la que deja la escuela debido a falta de recursos para continuar estudiando.

Finalmente, el adultocentrismo y la estigmatización de las juventudes plantean grandes retos para que las niñas, niños y adolescentes puedan participar expresando sus opiniones en la vida comunitaria y desarrollarse de manera plena.

Lo anterior en el marco de los 33 años de la Convención sobre los Derechos de la Niñez, el primer tratado internacional sobre derechos específicos para la población infantil y adolescente.

Exhortó de manera urgente a las autoridades estatales para la aprobación y puesta en marcha del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la entidad (PROESPINNA). 

Este documento es esencial para la implementación de políticas públicas dirigidas específicamente a las necesidades y contexto de la población infantil y adolescente de Chiapas, quienes representan el 38% de la población total de la entidad.