Patricia Espinosa.-  Desde una silla de ruedas y acompañada por su hija y sus padres, Verónica Jacqueline Ordóñez Roblero rompió el silencio para denunciar a 14 años de un accidente automovilístico que le arrebató la movilidad y truncó su carrera profesional, sigue sin recibir la reparación del daño que un juez penal ordenó a su favor.

La contadora pública, quien en 2011 tenía 32 años y una hija de dos, recordó que un accidente en una unidad de la empresa cervecera en la que trabajaba cambió por completo su vida: perdió la capacidad de caminar, su independencia y parte de su proyecto personal.

Enfrenta parálisis en la mitad de su cuerpo. No fue tan doloroso el accidente, como el prolongado litigio contra las empresas responsables: Asesoría Comercial de Chiapas, S.A. de C.V. y Exclusivas en Tuxtla S.A. de C.V., distribuidoras de una marca de cerveza en la entidad, señala.

Detalla que desde el 2011 han evitado cumplir la sentencia con un sinfín de amparos, demostrando que su poder económico está por encima de la justicia y la vida de una persona”.

De acuerdo con su abogado, Rosemberg Díaz Pérez, la sentencia que obliga a las empresas a pagar la reparación del daño es firme desde hace dos años.

Sin embargo, la ejecución ha sido obstaculizada porque uno de los socios de las compañías señaladas ocupa actualmente un alto cargo en el gobierno estatal.

El litigante explicó que el Juzgado de Ejecución Penal de Cintalapa ha enviado al menos tres oficios a la Secretaría de Hacienda estatal para cobrar el monto como crédito fiscal, tal como establece la Ley Nacional de Ejecución Penal cuando el responsable no paga en el plazo legal.

Pese a ello, las autoridades fiscales no han embargado bienes ni cuentas, limitándose a requerimientos “infructuosos”, manifiesta.

Verónica vive actualmente de una pensión del IMSS y del apoyo federal para personas con discapacidad; su padre, ya de edad avanzada, continúa trabajando para sostener a su  familia.