Debido a que uno de los imputados dio positivo a Covid-19, un juez federal aplazó la audiencia inicial que estaba programada para hoy en contra dos directivos de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH) presuntamente implicados en un desvío por más de 186 millones de pesos, en la llamada «Estafa Maestra».

El juez del Centro de Justicia Penal Federal de Cintalapa, Chiapas, difirió para el mes entrante la diligencia a la que hoy estaban citados Rafael Zozaya Nucamendi, director de Recursos Materiales e Infraestructura, y Rigoberto Jiménez Jonapa, secretario administrativo de la UPCH.

Sin precisar cuál de los dos imputados tiene coronavirus, fuentes del Poder Judicial de la Federación indicaron que desde la semana pasada el afectado informó al juez de su contagio, razón por la que se acordó el diferimiento.

Esta es la segunda vez que es pospuesta la diligencia, ya que en marzo fue programada por vez primera y luego cancelada, por el cierre de actividades del PJF, ante la emergencia sanitaria por Covid-19.

El de Zozaya y Jiménez es el primer caso de la «Estafa Maestra» que la FGR judicializa por el delito de peculado, ya que en los anteriores casos, incluido el de Rosario Robles, sólo se han imputado ilícitos como ejercicio o uso ilícito de atribuciones y facultades.

A los funcionarios chiapanecos los implican en un desvío derivado de cuatro convenios específicos suscritos en octubre de 2015 entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la UPCH, por un monto de 186 millones 113 mil 374 pesos.

El acuerdo era que el centro educativo entregara a la dependencia federal un análisis de zonas económicamente exclusivas y diagnósticos de ordenamiento territorial y asentamientos de Puerto Chiapas; municipios de Michoacán y Guerrero, colindantes con Lázaro Cárdenas y del Corredor Inter-oceánico, en el Istmo de Tehuantepec.

La Sedatu pagó en marzo y abril de 2016 el monto total de los convenios con recursos de ese año y el anterior, cuando fueron suscritos, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Como ocurrió con otros casos de la «Estafa», la UPCH al final subcontrató los servicios con la empresa Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, S.C., por una suma de 81 millones 642 mil 800 pesos, sin licitación de por medio. De acuerdo con la FGR, esta proveedora cobró sin prestar un solo servicio, además de que la UPCH se quedó con más de 104 millones de pesos, que usó para adquirir una solución tecnológica denominada Big Data y dos camionetas. A su vez, Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, S.C. subcontrató a otras cuatro razones sociales que dispersaron los recursos con 11 compañías y 9 personas físicas.

Debido a que uno de los imputados dio positivo a Covid-19, un juez federal aplazó la audiencia inicial que estaba programada para hoy en contra dos directivos de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH.

Abel Barajas/ Agencia Reforma