Patricia Espinosa.-Tuxtla Gutiérrez.

El presidente del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECh) Gilberto Bátiz López, reconoció que en las elecciones de 2024 podría incrementarse la judicialización del proceso electoral. Considerando que, en 2021, 70 elecciones municipales fueron impugnadas, más de la mitad de las alcaldías con las que cuenta Chiapas.

El magistrado presidente indicó que en Chiapas hay 14 partidos políticos y si cada uno lleve una candidatura particular, existen 11 posibilidades de votación y ante este escenario 10 de ellos podrían impugnar.

El 2021 fue el año con más impugnaciones y ante ello estiman que para el 2024 el escenario sea igual o más alto.

De haber inconformidades en los resultados, los chiapanecos deberán acudir a las instancias necesarias e institucionales y no otras acciones.

El Tribunal Electoral solicitó en su presupuesto para 2024 más de 77 millones de pesos, especificó el magistrado electoral, 59 millones es para pago de recursos humanos.

Con relación a la Ley 3 de 3 que prohíbe ocupar cargos de representación popular, ni ser funcionarios públicos a quienes hayan sido sentenciados por violencia familiar, delitos sexuales y a los morosos en pensiones alimentarias, dijo que está en la cancha del Tribunal del Poder Judicial y del organismo electoral local.

“Somos el órgano que verifica, valida la debida actuación de las autoridades y entre ellos los propios partidos políticos, el mecanismo de tres de tres es que este insumo que hizo el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana con el Tribunal del Poder Judicial del Estado, son los depositarios de esta base de deberes alimentarios, pueden tener un verdadero cruce de información”.

Por ahora está la “carga” de verificación de muchos elementos como adscripción o auto adscripción indígena que se vio en su momento a la autoridad electoral y administrativa-electoral.

“La responsabilidad que estamos dejando de lado para el proceso, va con los partidos políticos, en mucho tiene que con los partidos políticos (…) ellos podrían de primera mano tener en cuenta si son personas aptas o no aptas para ser pestañadas y luego ejercer el cargo, se van a ahorrar mucho este trabajo a las autoridades electorales”.